En Argentina se estima que sólo un 8% de la población confía en la justicia¹. Si bien podría resultarnos usual asociar esta falta de confianza con los casos de corrupción que suelen llamar la atención periodística, lo cierto es que la crisis institucional del poder judicial se extiende mucho más allá de “Comodoro Py” y afecta las funciones más básicas de los poderes judiciales, que se relaciona con resolver los conflictos cotidianos de las personas. En ese sentido, en el caso de los poderes judiciales locales, los déficits de institucionalidad pueden traducirse rápidamente en problemas esenciales de acceso a la justicia y de calidad de gestión judicial.
En la Provincia de Buenos Aires, algunos problemas institucionales son de público conocimiento, como por ejemplo la enorme cantidad de vacancias judiciales sin resolver (incluida la Suprema Corte) o la opacidad que existe en los procesos judiciales de selección y disciplinamiento de magistrados. Sin embargo, estos asuntos “macro” esconden detrás problemas “micro” que generan los problemas estructurales que luego, cada tanto, vemos en las noticias locales. Así, por ejemplo, algo tan básico como no publicar información sobre el funcionamiento de los órganos judiciales impide a los litigantes conocer el modo en que deciden los jueces, a la academia generar indicadores relevantes para informar reformas, y a los actores institucionales y sociedad civil monitorear la independencia e imparcialidad de los funcionarios judiciales.
Cuando nos referimos a los problemas de transparencia, queremos decir que, además de no publicarse de manera consistente indicadores de gestión judicial², no existe una institucionalidad alrededor del acceso a la información pública en el poder judicial –lo que, por otro lado, contradice el criterio jurisprudencial que la propia Suprema Corte impone a los otros poderes locales–. Por ejemplo, no existe una normativa específica que regule el derecho de acceso a la información pública en el ámbito judicial local, lo que contrasta con lo que sucede a nivel nacional donde rige la Acordada 42/2017 que regula el procedimiento para la solicitud y entrega de información, o donde se crearon agencias y oficinas con facultades específicas en la materia³. Esta falencia es especialmente problemática en el marco de la Provincia donde rige una ley de acceso a los documentos públicos (12.475) cuyos déficits regulatorios ha observado la propia Suprema Corte⁴. Incluso, los problemas de acceso a la información llegan al punto de, en algunos casos, omitir la publicación de sentencias de algunos órganos del poder judicial en JUBA⁵, tal y como sucede, por ejemplo, en el caso de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata.
A fin de visibilizar con mayor detalle estos déficits y comenzar a elaborar propuestas concretas para su mejora, durante todo 2023 CIDC trabajó elaborando distintos informes, donde pueden encontrarse, por ejemplo, un relevamiento sobre el “piso mínimo” de información que el poder judicial local debería publicar en materia de declaraciones juradas de funcionarios/as y magistrados/as, el presupuesto del poder judicial, concursos y procedimientos de selección de funcionarios/as y magistrados/as, compras y contrataciones, acceso a las decisiones judiciales, e información sobre el funcionamiento del poder judicial. También, como parte del ejercicio destinado a mostrar la utilidad de producir información, más recientemente CIDC elaboró una base de datos original para dar publicidad a las decisiones judiciales de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata, y elaboró informes analizando algunos problemas en materia de acceso a la justicia que dejan ver esos datos –como el tipo de casos que llegan o no llegan al tribunal, la repetición de ciertas materias que podrían resolverse de manera más eficiente para evitar sobrecargas, la poca utilidad de ciertos institutos procesales como el amparo, o los serios déficits de control de la actividad del Honorable Tribunal de Cuentas provincial (encargado de sancionar a funcionarios públicos cuando las cuentas “no cierran”).
Este trabajo es parte de uno de los objetivos centrales de CIDC, que se relaciona con empezar a plantear una agenda de reforma judicial integral basada en los principios de transparencia, eficiencia, participación y sobre todo, en la promoción y protección de los derechos humanos. Desde la organización, creemos que el fortalecimiento de las instituciones judiciales requiere, necesariamente, de conectar las necesidades en materia de transparencia y acceso a la justicia. En 2024 seguiremos trabajando por ello.
¹ “Sólo el 9% confía en la eficacia de la Justicia y el 8% cree en su honestidad” por Fabio Ferrer. Infobae, 27 de noviembre de 2023. Ver en: https://www.infobae.com/judiciales/2023/11/27/solo-el-9-confia-en-la-eficacia-de-la-justicia-y-el-8-cree-en-su-honestidad/?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1701103763
² Si bien se publica cierta información de manera proactiva, no existe una política sistemática de elaboración y publicación de indicadores de gestión con el nivel de desagregación necesaria para informar reformas y monitorear el funcionamiento del poder judicial con enfoque de derechos humanos. Pese a que existen ya numerosos estudios señalando el tipo de indicadores que deberían producirse para evaluar la efectividad y eficiencia de las políticas judiciales. Ver por ejemplo, todo el trabajo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).
³ El Ministerio Público Fiscal de la Nación mediante Resolución 2757/17 creó la Agencia de Acceso a la Información Pública para su ámbito, con varias funciones relevantes en la materia; y el Ministerio Público de la Defensa de la Nación, mediante Resolución DGN No 401/17, creó la Oficina de Acceso a la Información Pública del Ministerio.
⁴ Ver informe de CIDC en: https://cidc.org.ar/informes/acceso-a-la-informacion-publica-en-el-poder-judicial-en-la-provincia-de-buenos-aires-2/
⁵ JUBA es el sistema de búsqueda de sentencias judiciales de la Provincia, que incluye la posibilidad de buscar criterios jurisprudenciales “por órgano judicial”. Ver en: https://juba.scba.gov.ar/Busquedas.aspx
